Por Jorge Quiroz

Hace más de medio siglo, Jorge Alessandri, entonces Presidente de la República, tenía por costumbre llegar caminando a la Moneda. Hoy, cuando la propia escolta presidencial es objeto de un robo con destrucción en la carretera, o cuando pequeños empresarios del transporte, en respuesta a una manifestación pacífica, sufren todo tipo de agresiones frente a las puertas mismas del palacio presidencial, la historia de un primer mandatario que llegaba caminando a La Moneda parece una vieja leyenda.

Si se escribiera una historia sobre la seguridad ciudadana en Chile, se vería que ésta resulta signada por la tragedia y el trauma. En efecto, la tranquilidad cívica, que se erosionó a partir de la segunda mitad de los sesenta, primero «de a poco», pero después explosivamente, fue precipitada en no menor medida por el acercamiento de parte de la izquierda chilena hacia modelos inspirados en la revolución cubana, y la consiguiente reacción contraria de los grupos de derecha más extrema. Después, la dictadura traería consigo una suerte de «paz social», pero a costa de un trauma que aún estamos pagando: si bien el ciudadano medio pudo volver a transitar con relativa tranquilidad por la calle, otros miles sufrieron las consecuencias de un régimen que terminaría torturando a no menos de 25.000 chilenos y haciendo desaparecer a otros 3.000.

Esa tragedia parece haber nacido, al menos en parte, del miedo heredado de la inseguridad de los años anteriores, que prolongaría entonces la «doctrina de la guerra interna» del régimen militar mucho más allá de todo sentido de las proporciones y del derecho. Un trauma entonces, el de los sesenta y comienzos de los setenta, generó el siguiente, el de los diecisiete años posteriores…

De regreso a la democracia, pareció vivirse una suerte de retorno al equilibrio cívico. Se siguió pudiendo andar por la calle con relativa tranquilidad, pero ya no a costa de torturar a miles. Entonces Chile recobraría, por un tiempo, su antigua fama de país ordenado y seguro.

Del trauma de la dictadura sin embargo, parece que hubiésemos heredado una secuela: una inhabilidad creciente para hacer respetar el orden público. En ello, me temo, podría estar el germen de un nuevo trauma, que nadie quiere para nuestro país.

En efecto, «de a poco», como en los sesenta, casi sin darnos cuenta, venimos deslizándonos lentamente por la pendiente de la inseguridad colectiva: asaltos y robo a mano armada por doquier; en audiencias «ciudadanas» del proceso de evaluación ambiental de proyectos de inversión, especialmente los eléctricos, los empresarios son escupidos por los «ciudadanos», e incluso agredidos, a la vista y paciencia de los propios funcionarios públicos; en La Araucanía, ya comienza a hablarse de «zonas rojas» a las que no se puede entrar sin riesgo para la seguridad física; en las manifestaciones estudiantiles, ya se ha hecho común que ocurran todo tipo de destrozos a la propiedad y agresiones a la fuerza pública.

En política, casi todos los desaguisados tienen, unos más otros menos, una solución no traumática. La reforma tributaria por ejemplo, aún por reformarse a sí misma prontamente, será nuevamente reformada, más temprano que tarde, cuando se haga evidente que es incompatible con metas razonables de desarrollo económico. Incluso el tema laboral, particularmente difícil de corregir, puede ser enmendado después de años, como lo demuestran otras experiencias.

Pero en materia de seguridad, el asunto es distinto. Basta que unos diez mil jóvenes de bajos recursos en Santiago encuentren que la delincuencia es un negocio rentable y de poco riesgo para que su ulterior corrección se haga después una tarea titánica, si no imposible. Igual cosa puede decirse de la insostenible situación en La Araucanía: como a fines de los sesenta, estamos sólo a pasos de que los afectados terminen intentando la solución por sus propias manos. Cuando lleguemos a ese punto, cualquier solución habrá de ser, por fuerza, traumática y con nuevas secuelas. Como si no nos bastara con lo ya vivido.