lunes, 30 de enero de 2017

Julián Mazzucco
Economía y Negocios
El Mercurio

La firma Quiroz y Asociados analizó los efectos que tendrá esta modificación y prevé que elevará el trabajo de la entidad antimonopolio.

La actividad de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) se ha intensificado en los últimos años y seguirá esa tendencia. ¿La razón? En junio de 2017 comienza a regir un nuevo sistema de consulta obligatoria para fusiones, en el caso de que las ventas de las empresas sean iguales o superiores a UF 1,8 millones (US$ 72,7 millones, al tipo de cambio actual) y que en al menos dos de las firmas que buscan unirse hayan generado ingresos por al menos UF 290 mil (US$ 11,7 millones). De este modo, se prevé que aumenten las operaciones que supervise la entidad antimonopolio.

Así lo explica un estudio desarrollado por el economista y socio de Quiroz y Asociados, Jorge Bravo, quien alerta sobre la necesidad de mayores recursos para la FNE.

«Con respecto al presupuesto total de la FNE para 2017, este aumentó 10% con respecto al del período 2016, pero se encuentra lejos del presupuesto máximo que tuvo la Fiscalía a su disposición, el cual data de 2014. Cabe mencionar que, previo a 2015, la FNE tenía ingresos extraordinarios por concepto de venta de activos no financieros. Si se consideran exclusivamente los aportes fiscales, 2017 será el año en el organismo cuente con su mayor aporte histórico», explica Bravo, quien destaca que este aumento de casos hará necesario mayor personal.

El economista indica que de los 55 casos de fusiones investigadas por la FNE entre enero de 2012 y junio de 2016, 32 habrían tenido que ser notificados si hubiesen existido estas nuevas exigencias.

Fiscalía busca acortar los plazos

Bravo advierte que la Fiscalía se autoimpuso un plazo de 120 días hábiles (6 meses aproximadamente) para evaluar riesgos y remitir al Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC). De acuerdo con Bravo, una meta muy ambiciosa, sobre todo considerando que solo el 50% de los casos del período 2011-2016 fue archivado en los primeros seis meses la investigación.

Específicamente, la mayoría de los procesos de investigación por parte de la FNE tuvieron una duración entre tres y seis meses.

En esta línea, el estudio del economista muestra que de las investigaciones iniciadas entre 2012 y 2016, el 69% están finalizadas, 3% llegaron a acuerdo con el TDLC, 12% alcanzaron acuerdos extrajudiciales y el 3% de los casos las empresas desistieron de las operaciones. De este modo, solamente cerca de 12% sigue en curso.

 

10%

aumentó la partida de presupuesto

de la Fiscalía Nacional Económica este año, respecto de 2016.

50%

de las investigaciones iniciadas

por el ente antimonopolio en el período 2012-2016 fueron cerradas antes de los seis meses.