Por estos días, cuando resulta casi de mal gusto no rasgar vestiduras por el caso Penta, o no clamar por una nueva regulación entre dinero y política, extraña que el debate omita al Estado y su innata vocación discrecional, cuando debiera ser el primero en ocupar el banquillo de los acusados.

En efecto, antes del advenimiento del capitalismo en su vertiente anglosajona original, la corrupción política, con Estados chicos pero discrecionales, era pan de cada día. Ya Carlos V tuvo que endeudarse para comprar a los príncipes del Palatinado y así asegurar su elección como emperador. El emergente banco de inversiones del siglo XIX, la Casa Rothschild, hizo sus primeras fortunas al alero del siempre oscuro financiamiento de la guerra, con la corrupción coadyuvante de connotados ministros como Klemens von Metternich. No por nada Bismark, el ministro de hierro del Segundo Imperio Alemán, comparó una vez a las leyes con las salchichas. «Es mejor ver el resultado final que su proceso de fabricación», advirtió.

Todo esto se vio alterado con el advenimiento del capitalismo anglosajón y su filosofía moral. Al Estado arbitrario y discrecional se le opuso una nueva clase social, la burguesía, así como un nuevo orden económico: mercados libres, regulados por reglas claras y predecibles. Conforme el tamaño del libre mercado crecía, el espacio para la corrupción disminuía. Porque, ¿de qué serviría comprar a un funcionario público cuando el devenir de los negocios ya no estaba bajo su influencia? Cuando Churchill entró al parlamento, carecía de sueldo, porque se consideraba que el cargo era de tal honor que no requería de remuneración; de hecho, antes de ser ministro, tuvo que sobrevivir escribiendo libros y, que se sepa, nunca tuvo un grupo económico que le hiciera de mecenas. No sorprendentemente, hasta el día de hoy, la corrupción en economías que nacieron bajo la influencia del pensamiento liberal británico -Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos- es mucho menor que las de varias de Europa Continental, como Italia, Francia y España, donde el capitalismo nació de la mano del Estado, el que siguió jugando un rol de mucha importancia en la Postguerra. Alemania se libró de ese sino porque si bien el Estado también jugó un rol clave en sus inicios, la profunda transformación que sufrió después de 1945 devino en la adopción de un modelo de desarrollo de marcada inspiración anglosajona; un caso similar tuvo lugar en el otro gran derrotado de la Segunda Guerra Mundial, Japón, que no sorprendentemente, también tiene bajos niveles de corrupción. En contraste con ello, hasta el día de hoy, las estrellas del «Capitalismo de Estado», China y Brasil por ejemplo, exhiben índices de corrupción que rayan en el escándalo.

Y no podría ser de otra forma. Cuando el Estado tiene mucho poder, florece la corruptela porque sube el valor de la influencia política y baja el valor de la iniciativa privada. Así de simple. El mejor antídoto entonces no es una nueva regulación, sino un Estado bajo control y ceñido a estrictas reglas del juego. Lamentablemente, por estas latitudes, parece que vamos en la dirección contraria.

Esto nos lleva a la pregunta, ¿en un Estado que se empodera por día, qué debiera hacer un grupo empresarial que busque influenciarlo? Claro como el agua: financiar a todos los partidos y nunca a uno solo, porque sólo así se logrará pasar o detener una ley. Es un corrillo a voces que eso es lo que hace la mayoría de los grupos económicos. Paradojas de la vida, el hoy vilipendiado Penta, hizo, irregularidades reprochables y acaso punibles aparte, exactamente lo contrario: financió políticamente de modo casi exclusivo al partido en el que creía y no a un conjunto más «diverso», que pudiese ser efectivo instrumento de posteriores influencias.

Me queda entonces la natural inquietud de qué hubiese ocurrido si Penta se hubiese comportado como los demás, dándoles a todos un poco. ¿Estarían hoy sus controladores tras las rejas?