Por Paula Hurtado. Si bien la mayoría de ellas son inocuas para la competencia, en particular en economías como la chilena, no pueden desconocerse los riesgos.

Estamos ad portas de un cambio de modelo en lo que a control de fusiones se refiere. Hasta ahora ha regido en el país un sistema de facto, semi-voluntario, sobre la base de la legislación general de libre competencia, en el entendido que dichas operaciones pueden eventualmente impedir, restringir o entorpecer la tensión competitiva en los mercados. Pero este sistema, en un diagnóstico bastante compartido, ya no daba para más. Lo dijo la Comisión Rosende en 2012 y volvió a decirlo la OCDE en 2014: urgía establecer un sistema de control de fusiones propiamente tal.

La base del nuevo sistema, según el proyecto de ley, será la notificación obligatoria de las operaciones que cumplan con la definición que allí se establece (bastante amplia, hay que decirlo) y cuyos participantes superen cierto tamaño. Para el resto se mantendrá un esquema de consulta voluntaria y control ex post como el actualmente vigente, aunque formalizado y perfeccionado en varios aspectos. Dónde se fije ese umbral definirá en buena medida el impacto real de esta reforma. Uno muy alto evocaría a El Gatopardo (“todo cambia para que todo siga igual”), pero uno muy bajo podría terminar conspirando contra la propia iniciativa, si el exceso de casos impide evacuar las resoluciones en tiempo y forma, o impacta negativamente otras líneas de trabajo. Acaso lo más prudente sea partir con un umbral alto, para ir rebajándolo conforme se asienta el nuevo sistema.

Se trata en general de un buen esquema, que toma elementos de la experiencia comparada, como la investigación en dos etapas y el establecimiento de un estándar explícito para juzgar los casos (“reducción sustancial de la competencia”). Incorpora también buenas prácticas, como el silencio administrativo positivo; y subsana carencias evidentes del sistema informal previo, como la falta de un proceso expedito para sancionar el incumplimiento de medidas de mitigación. Preocupa, sin embargo, el limitado rol que le cabría al TDLC, que podría únicamente revisar las operaciones que la fiscalía rechace de plano.

En economías modernas, las empresas están continuamente redefiniendo sus líneas de negocio, límites y estructuras. Si bien la mayoría de esos ajustes son inocuos para la competencia, en particular en economías tan abiertas como la chilena, no pueden desconocerse los riesgos involucrados. Chile requería un sistema más formal y predecible para lidiar con ellos. Se venía venir y llegó. Conviene tomar nota.

*La autora es socia Quiroz & Asociados.