Iniciativa, que fue presentada al Consejo de Concesiones del MOP, pretendía quintuplicar la actual red de vías para ciclistas.

Una red de 1.118 kilómetros de ciclovías, que recorran las 34 comunas del Gran Santiago, es la iniciativa privada que presentó la empresa Quiroz & Asociados al Consejo de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), para que el proyecto fuera declarado de interés público y así poder desarrollarlo vía concesiones. Sin embargo, debido al costo que tendría para el Estado, la idea fue rechazada.

Así consta en el acta de la sesión ordinaria del consejo, desarrollada el 27 julio pasado, donde detallan las ventajas y desventajas del proyecto.
En los argumentos en contra que se describen en el documento los consejeros apuntan a “un alto subsidio; infactibilidad de cobro por el uso de infraestructura vial (indefiniciones) del área de concesión”, entre otros puntos. Aunque también se establecen aspectos positivos, como que exista “un actor responsable de la construcción; mantención (de la obra); servicios adicionales complementarios”.

Esto último, porque la iniciativa, denominada Gran Santiago 2020, busca quintuplicar las vías para ciclistas que actualmente existen, y que se extienden por 242 km, además de sumar 100 puntos de estacionamientos para bicicletas, con una capacidad total de 50 mil cupos, con una inversión estimada de US$ 222 millones. El modelo propuesto planteaba que la inversión inicial la hiciera el Estado, por US$ 178 millones para construir las ciclovías, mientras que la concesionaria se encargaría de edificar los estacionamientos por US$ 43 millones, además de los costos del terreno, obras y maquinarias. Salvador Andino, que es parte de Quiroz & Asociados y que tuvo a cargo el proyecto, explicó que en este caso “el privado se haría cargo de mantener la red y de construir los estacionamientos concesionados, los que tendrían un precio aproximado de $ 200 por día”. Todo en un plazo de concesión de 30 años, según la ficha que ingresó al consejo. El problema que evidenciaron los consejeros también es administrativo. Esto, debido a los kilómetros de extensión y la dificultad de fiscalizar el cumplimiento de mantención de la obra, debido al número de inspectores fiscales que se necesitan para recorrer 34 comunas y el costo de la asesoría de inspección fiscal.

Para el consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Alvaro González, si bien son evidentes las complejidades, “hay otras obras, como las cárceles y hospitales, que también son pagadas por el Fisco. Si instalas una red en Santiago, sería ilógico que no ocurriera en las otras ciudades. Lo importante es generar una red efectiva, con muchos nodos de conexión para que funcione como alternativa de transporte. Así se pude hacer atractivo el negocio o incluir marcas que funcionen como sponsor y que podrían financiar la infraestructura”.

El socio de la firma que presentó el proyecto, Jorge Quiroz, cuenta que “quedamos un poco traumados con el resultado, fue sorprendente, pero estamos viendo qué podemos hacer”.
Desde la Intendencia señalan que en la Región Metropolitana existe un plan denominado “Santiago Pedaleable” y que pone especial énfasis en la construcción de conectores. Este año se construyeron 5.000 km y se espera una segunda licitación para otros 4.700 km, que unirán seis comunas.