“Todas las personas son conservadoras cuando se trata de lo que mejor conocen”, enunciaba Robert Conquest, poeta e historiador británico, hace ya más de medio siglo.

El aforismo exige una aclaración. Conquest emplea la expresión “conservative”, aludiendo al pensamiento político homónimo, como se entiende en la tradición británica. No hay que confundir la traducción “conservador” con nuestra acepción criolla del término, que alude a cierto conservadurismo moral, ya que Conquest, que se casó cuatro veces y adolecía además de cierta inclinación por la pornografía, estaba muy lejos de ello.

Lo que Conquest quiso significar, entonces, fue que, tratándose de lo que mejor conocemos, tendemos a ser cautos, a observar la tradición, a descansar en arreglos contractuales probados y a desconfiar de propuestas muy novedosas, especialmente si el Estado está de por medio, todo ello parte del ADN conservador británico de sus tiempos.

Quizá no haya ámbito donde el principio de Conquest se aplique mejor que en las finanzas personales. Difícilmente, por ejemplo, un economista —o cualquier persona para tales efectos— compraría su casa pagándola en cuotas mensuales al vendedor, contra la mera promesa de transferencia del inmueble al cabo de la última cuota, treinta años después. Jamás seguiría una fórmula tan novedosa como riesgosa para adquirir su casa. Conocedor de sus finanzas, optaría por lo probado: se haría de la propiedad en el momento mismo de la compraventa –—donde mis ojos te vean— endeudándose con el banco de ser necesario, otorgando el inmueble en garantía. Seguiría así la tradición y se comportaría, entonces, como un perfecto conservador.

Pues bien. Ese mismo economista, si abogara por la propuesta previsional del Gobierno, intentaría persuadir de que una parte relevante de las nuevas cotizaciones sea transferida al novel Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA), con distribución inmediata de parte de los fondos a los actuales pensionados, sin mediar más garantía a los actuales cotizantes que la mera promesa de redención futura —las cuentas nocionales—. Para el cotizante, ello se parece bastante a comprar la casa a plazo, pagándola religiosamente mes a mes durante treinta años, pero sin garantías reales de entrega futura del inmueble, algo que jamás haría el susodicho economista.

La comparación no es antojadiza. Por lo general, se constata en muchos economistas de izquierda una especial preferencia por dosis variadas de socialismo cuando las platas son de otros, pero una marcada actitud conservadora cuando el dinero es propio.

Del principio de Conquest se sigue que aquellas propuestas que se alejan del principio conservador, como el proyecto previsional del Gobierno, serían consecuencia de la ignorancia. Pero ello no parece ser el caso, al menos a nivel de especialistas.

Veamos. Las proyecciones del IPPA son extremadamente sensibles a cambios mínimos en sus supuestos, lo que adquiere especial relevancia ante presiones políticas futuras. En la formulación original del proyecto, con 6 puntos porcentuales más de cotizaciones fluyendo al IPPA, este terminaría manejando más del doble que los activos administrados por la AFP más grande del sistema; en montos absolutos, cerca de 100 mil millones de dólares al 2050. El botín es políticamente atractivo, por lo que su administración por parte del Estado conlleva el riesgo de que los frágiles supuestos de proyección —lo que incluye las reglas de gobernanza— se descarrilen en el tiempo, con el tironeo de distintos grupos de interés. El riesgo es real. El país ya vivió similar experiencia el siglo pasado y el especialista conoce el tema.

En el debate público, sin embargo, los políticos suponen que, como el conocimiento especialista está vedado a los electores, estos son perfectos ignorantes en la materia. Bajo esta premisa, Gobierno y oposición han propuesto, en el contexto de la reforma previsional, mejorar de inmediato las pensiones. El primero busca lograrlo, como se ha dicho, con un reparto parcial de las cotizaciones que irían al IPPA; la segunda, por medio de impuestos generales. El Gobierno omite los riesgos ya señalados para el actual cotizante. La oposición, por su parte, hace vista gorda del estado de las finanzas públicas y de que existen dudas razonables de si incluso la propia PGU, en sus actuales niveles, está debidamente financiada.

La pretensión de ambos tiene ribetes demagógicos: beneficiar a los actuales pensionados, lo que redituaría votos, suponiendo que la población económicamente activa ignora las consecuencias futuras de ello, en cuanto a riesgos o ulteriores cargas a que se verá expuesta después.

Pero la población activa, que también vota, ya no es la de antes. Los cotizantes, después de los retiros, constataron que sus ahorros estaban a buen recaudo. Conocen ahora vivencialmente el tema, aunque no sean especialistas. Como lo conocen, aunque no hayan leído a Conquest, comienzan a actuar como perfectos conservadores: su plata donde sus ojos la vean, no en el IPPA. Por otro lado, en cuanto a mejorar las actuales pensiones por la vía fiscal, los electores no están para nuevos impuestos —otro rasgo conservador—, especialmente después de los episodios de corrupción.

Así, la premisa de los políticos comienza a hacer agua: ya no es evidente que elevar de inmediato las pensiones reditúe votos en el neto. La reciente rebaja ofrecida por el Gobierno, desde 6 puntos de cotización al IPPA a 4, refleja recálculos electorales sobre la marcha. Y aún falta mucho por recalcular, ante un electorado que se ha vuelto más conservador, precisamente porque ahora sí conoce el asunto. El cambio ha tomado por sorpresa a los políticos. Conquest no se habría sorprendido.