La proyección del Ministro de Hacienda, que contempla contener el crecimiento del gasto público a tasas del 1,2% promedio anual de 2021 en adelante, ha sido recibida con cierto escepticismo. Se aduce al respecto una cierta “inercia” de los gastos públicos que impedirían tales ahorros, así como también una cierta “regularidad empírica”, que haría que los países necesariamente incrementen su gasto público como porcentaje del PIB a medida que crecen.

Vivimos tiempos de crisis y toca llamar las cosas por su nombre. El gasto público actual es de enorme magnitud y existen múltiples síntomas que indican que éste ha sido objeto de captura por parte del sistema político. No se trata sólo del anecdotario relativo a los “cuoteos” en los ministerios, donde el sistema de “Alta Dirección Pública” ha devenido en una farsa, toda vez que el 70% de los cargos de nivel 1 se cambian cuando cambia la coalición política. El carácter de “botín” de la recaudación pública parece tener rasgos masivos. Se pagan favores políticos con empleos “de planta”, que tienen la gracia de ser “inamovibles”. Luego, como los inamovibles no siempre son los más idóneos, debe superponerse a esa capa de funcionarios una nueva, los “de contrata”. Pero como ahí también hay botín político que repartir, no siempre están todas las habilidades que se precisan, lo que obliga a subir el gasto contratando asesores. Por ese camino hemos llegado a un millón de personas empleadas por el Estado. No sorprendentemente, un estudio publicado hace pocos días por el Servicio Civil, revela que un 36% de los funcionarios públicos declaran haber obtenido su primer empleo fiscal gracias a gestiones de amigos, familiares o políticos. Se trata de una declaración anónima y voluntaria; basta un poco de psicología y el concepto de autoimagen para concluir que el porcentaje efectivo es mucho mayor que el efectivamente declarado. Hasta ahí los síntomas más evidentes. Vamos ahora a los números.

Seis “hechos estilizados” a tener en cuenta (para mayores detalles, ver www.quirozyasociados.cl):

  • El gasto del gobierno general (gobierno central más municipios) alcanzó a 49 billones de pesos el año 2018, esto es, mas de 70 mil millones de dólares de dicho año. En moneda de igual poder adquisitivo, dicha cifra supera todo el PIB de Chile del año 1990 (sí, leyó bien, todo el PIB de dicho año).
  • Desde 1990, en términos absolutos y en moneda de igual poder adquisitivo, el gasto del gobierno general se multiplicó por más de 5 veces. El gasto en salud y educación se multiplicó por más de 12 y 10 veces respectivamente en igual periodo. Solo en los últimos diez años el gasto en salud se multiplicó por dos, sin efecto aparente en los niveles de satisfacción de los ciudadanos. Lamentablemente, en ninguno de ambos casos el aumento colosal del gasto ha tenido un correlato en satisfacción ciudadana. Salud y Educación continúan estando dentro de lo que hoy se entiende por “demanda social”.
  • Como porcentaje del PIB, el gasto general del gobierno pasó de un 21% aproximadamente en 1990 a un 25% en 2018. Pero la “regularidad empírica” que normalmente se aduce, en cuanto a que forzosamente el gasto como porcentaje del PIB tenga que subir cuando sube el PIB per cápita, es extremadamente débil. Un botón de muestra: Irlanda, el segundo país de mayor PIB per cápita de la OCDE, con un nivel tres veces el de Chile, tiene la misma participación de gasto público que Chile en el PIB.
  • Un millón de personas tiene actualmente un empleo público, sea del gobierno central, de una empresa pública o de algún municipio. Por su parte, el personal del Gobierno Central subió de 114.000 personas en 1990 a 367.000 en 2018. Algunos casos notables: mientras el Congreso Nacional empleaba a menos de 350 personas en 1990, hoy emplea a casi 3.000; mientras el Ministerio de Agricultura empleaba a menos de 4.000 personas en 1990, cuando la agricultura era un 8% del PIB, hoy emplea a más de 17.000, en circunstancias que la participación de la agricultura en el PIB se ha reducido a 3% en el periodo.
  • Controlando por todas las variables relevantes, los funcionarios públicos ganan 7% más que sus pares en el sector privado (cálculos propios; otros cálculos arrojan cifras mayores).
  • De acuerdo a un estudio publicado por el BID en 2018, en Chile habría espacio para reducir el gasto público, por concepto de diversas medidas de eficiencia, en 1,8 puntos del PIB. Con una fracción de esa reducción podría solventarse un aumento universal en todas las pensiones de $100.000 al mes.

Así las cosas, no se advierte por qué la proyección del Ministro de Hacienda de contener el crecimiento del gasto a niveles del 1% real anual a contar de 2021 deba ser inverosímil. Lo que la hace inverosímil, aventuro, no es su factibilidad técnica, sino la pregunta que queda en el aire: ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque si bien sobra tecnocracia, lo que parece hacer falta a fin de cuentas es coraje.