Se ha comparado la sequía que actualmente afecta a la zona central del país con la “Gran Sequía del 68”, una de las mayores de nuestra historia. En efecto, si de pluviometría se trata, la sequía de hoy compite en magnitud con la de ayer. Pero hasta ahí llegan las similitudes.

Cincuenta años atrás, el impacto era macroeconómico. En su intervención del 17 de julio del 68, el Presidente Frei Montalva aludía a “la secuela de disminución de alimentos para la población… con influencia determinante en la inflación y en los precios”. La falta de agua también afectaba a otros sectores, principalmente al minero, producto de los racionamientos de energía. En la prensa de la época, se lee que el país le pediría ayuda a Estados Unidos, consignándose también la ayuda ofrecida por el Gobierno Argentino a Chile…

Chile hoy es otro. El producto agrícola-silvícola primario ya no representa el 9,4% del PIB como en 1968 sino sólo un 3%, por lo que la preocupación productiva hoy no tiene casi mención. El riego hoy es tecnificado y no tendido como ayer, por lo que no vemos fotos de campos regados a balde, como los que muestra la prensa del 68. La economía es abierta y no cerrada, por lo que nadie espera un alza relevante en la inflación y menos aún disminución de alimentos para la población. El mercado y la matriz energética, muy distintos hoy de lo que eran el 68, permiten que, aún en plena sequía, los precios de la energía a grandes clientes sean de hecho 70% más bajos que hace sólo cinco años atrás. Por lo mismo, no existen mayores efectos sobre otros sectores económicos. Por último, hoy sería impensable que nuestro país, con un producto per cápita que ya supera por más de tres veces al de Angola, que era el que Chile tenía en 1968, tuviera que ir a pedir ayuda a Estados Unidos para salvar la situación. Y menos a Argentina.

Como puede apreciarse, el impacto macroeconómico que vivía Chile el 68, si bien se atribuía a la sequía, no era causado sólo por ésta. Se trataba más bien de que la falta de agua tensionaba a un modelo de desarrollo que, valga el juego de palabras, ya “hacía agua” por todas partes.

Hoy, en ausencia de efectos macroeconómicos, los legisladores han levantado un nuevo problema: el consumo humano de agua potable. En nombre de éste, que se ha supuesto en riesgo por la sequía y el cambio climático, se busca reformar el Código de Aguas e incluso modificar las reglas del juego para las inversiones en desalinización. Hay quienes hablan incluso de “chilenizar” a las empresas sanitarias. Toda una paradoja: a falta de impacto económico, se invoca el consumo humano para impulsar reformas disruptivas que bien pueden terminar causando, precisamente, un adverso impacto.

¿Está en riesgo el consumo humano de agua potable? En ningún caso, al menos en los centros urbanos atendidos por empresas sanitarias. Los problemas están en algunos asentamientos menos densos, donde el suministro recae en los sistemas de Agua Potable Rural, los “APR”, administrados por comités o cooperativas.

Pero la causa principal de estas falencias no es la sequía. Se trata más bien, como en el 68, de que la sequía ha develado un modelo agotado, sólo que ahora es un problema microeconómico y no macro. Muchas de las deficiencias de los APR no están en la captación de agua, como sería el caso si la causa fuese la sequía, sino en las redes de distribución, los estanques y las obras de impulsión. La gestión de pozos profundos y la readecuación de infraestructura, en los casos problema, excede largamente las capacidades técnicas propias de los APR. Hay también problemas de incentivos, porque cuando el decreto de emergencia permite acceder al camión aljibe, éste no los paga el APR. Se suma a ello que un 50% de los usuarios se atrasan entre uno y dos meses en pagar sus cuentas.

La consecuencia de todo lo anterior es que hoy miles de chilenos viven numerosos cortes de agua y racionamientos, que resultan atentatorios contra sus derechos y dignidad. Por fortuna, y a diferencia del 68, los problemas admiten solución rápida y a costos más que razonables. Un buen 70% de los APR puede ser conectado a las redes más amplias de las empresas sanitarias, reduciendo así la dependencia de una única fuente de agua; la inversión se pagaría largamente con el ahorro en camiones aljibe. La gestión de pozos profundos puede ser radicalmente mejorada con apoyo de la agricultura empresarial aledaña, como ya ha ocurrido en algunos casos puntuales. Las empresas sanitarias pueden también apoyar en gestión, que tendría que ser medida por resultados, como es el caso cuando se trata de centros urbanos.

No hay que modificar el Código de Aguas, “chilenizar” a las sanitarias ni afectar las inversiones en desalinización para resolver un problema que es esencialmente de gestión e inversiones menores. No es necesario incendiar la pradera. No estamos en 1968, estamos en 2019.